Como consecuencia a la reventa de boletos; para partidos de eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, un tribunal ratificó una multa equivalente a 3,2 millones de dólares a directivos de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF). Esta medida la impuso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en 2020.
La decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de «nulidad y restablecimiento del derecho» presentada por Ramón Jesurún, presidente de la FCF; su vicepresidente Álvaro González y el asesor jurídico Andrés Tamayo. Así lo reseña Efe Noticias.
«Negar las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento de derecho formulada por los demandantes Ramón de Jesús Jesurún Franco, Álvaro González Álzate y Andrés Tamayo Lanini contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)», reza el fallo en su parte resolutiva.
Multa millonaria para la federación colombiana
En junio de 2020, la SIC anunció una multa superior a los 18.000 millones de pesos (3,6 millones de dólares) a la FCF por esta reventa de entradas. En aquella ocasión, sancionó a 17 personas y a la empresa TicketYa; así como a la Comercializadora de Franquicias SA. Esta ejecutó un sistema que limitó la libre competencia para favorecer a Ticketshop, en la adjudicación del contrato de boletería para las eliminatorias mundialistas de 2018.
Las investigaciones de este caso empezó luego de que Ticketshop anunciara que vendería 6.000 entradas el 6 de agosto de 2017, para el partido Colombia-Brasil; disputado en septiembre de ese año. Para aquel entonces, anunció que estas se comercializaron en 42 minutos; sin embargo, la SIC halló evidencias, «digitales y documentales», que prueban que no se pusieron a disposición del público ese día.
La SIC consideró que los sancionados crearon un «cartel para el desvío de boletos, con el fin de revenderlas». En este sentido, se aplicaron «precios excesivamente altos» con respecto a estos, con sobrecostos de 350% más del valor del mercado. Por colaborar con la entidad de control, Ticketshop y sus funcionarios quedaron absueltos del proceso, ya que aportaron documentos y pruebas con los que la SIC descubrió el sistema que emplearon los involucrados.
